La sala de lo penal del Tribunal Supremo se encuentra a punto de resolver una importante controversia, qué tiene dividida a media España. Acérrimos y detractores del famoso Juez Garzón, esperan una sentencia que satisfaga sus deseos y, qué a mí, me va a producir desazón, sea cual sea el fallo.
Por un lado, es obvio, que se trata de una persecución contra el magistrado estrella, seguramente, provocada por su afán de protagonismo, sus métodos y por haber investigado a un ex dirigente del Partido Popular.
Por otro lado, una resolución emitida por el Supremo, qué puede generar jurisprudencia, consistente en permitir realizar grabaciones de unas conversaciones entre abogado y clientes, me produce auténtico pánico, pues supondría vulnerar, alterar y modificar todo un sistema de derecho en virtud de una resolución judicial, qué posteriormente puede repercutir muy negativamente en los ciudadanos.
Si nuestro ordenamiento jurídico se rige por el principio de legalidad, las normas procesales hay que cumplirlas y, más, cuando se trata de una violación de derechos para garantizar un proceso justo y el derecho a la defensa del afectado. No hablamos, ya, del derecho o la obligación de Secreto Profesional, sino de dar vía libre a quien vista con toga para espiar a la vecina del quinto.
Pase lo que pase, sé que no me gustará. Buenas tardes, buena gente!
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